BITACORA DE ABIPASE

Optar por el régimen de separación de bienes y el mutuo acuerdo si se llega a la separación son claves para que el final del matrimonio sea lo menos traumático posible

SI se echaba una siesta, al despertar su suegra siempre estaba allí. Y se sentía incómodo.
Pese a tener su propia casa, había decidido instalarse con su hija, que contrajo matrimonio con Antonio hace 18 meses.
Él manifestó a su pareja su malestar por esta situación. Quería tener más intimidad y pasar el escaso tiempo libre de que disponía con su esposa, que espera un bebé para julio. ¿Cuál fue su respuesta? «Si no quieres a mi madre no me quieres a mí», relata, todavía incrédulo, este joven malagueño.
Días después su mujer le pidió la separación. Comenzó entonces un calvario de abogados y denuncias cruzadas que, a falta todavía de que se celebre el juicio, ya le ha supuesto un desembolso de 2.000 euros. Ha tenido que abandonar su casa -«ella cambió la cerradura»- para pasar a un sofá en la de sus padres, aunque sigue pagando su mitad de la hipoteca.
«No puedo permitirme un alquiler. Si no fuera por ellos, ¿dónde iría yo?»
Su único objetivo ahora es lograr la custodia compartida de su hija cuando nazca. En caso contrario, el disfrute del bebé se vería reducido a tres horas a la semana durante los primeros dos años de vida. Su manutención le supondrá entre 150 y 180 euros al mes, una asignación calculada en función de su nómina.
A ello tiene que añadir su mitad del préstamo hipotecario y la letra de la furgoneta, que es su herramienta de trabajo. Estos gastos absorberán todo su sueldo, por lo que aún no sabe cómo afrontará el pago de una nueva vivienda.
«En una ruptura el sexo masculino está claramente discriminado. Todos los derechos los tiene la mujer. Aunque la casa sea de los dos, y ambos tengamos trabajo. Incluso ella gana más que yo. Pero al que obligan a irse de casa es siempre a él», lamenta Antonio.
El final de un matrimonio afecta tanto al terreno de los sentimientos como al bolsillo de los cónyuges. El 30% de las parejas que se forman en España acaban rompiendo. El Gobierno ha tomado la iniciativa y está elaborando una nueva ley, que se aprobará este verano, y que tiene como finalidad el abaratamiento del divorcio. La norma limita el proceso a tres meses y, para conseguirlo, no requiere el paso previo de la separación, con la consiguiente reducción de costes que ello supondrá para ambas partes. La pareja podrá separarse o divorciarse, serán dos opciones diferentes.
Para que la ruptura no se convierta en un proceso ruinoso, lo mejor es prevenir. Elegir el régimen matrimonial de separación de bienes, pactar pensiones compensatorias o acordar una indemnización por la ruptura son instrumentos que facilitan el proceso de separación, porque, para entonces, todo estará decidido.
En España (excepto en Cataluña y en Baleares), salvo que las partes acuerden lo contrario, rige la sociedad de gananciales. Los dos cónyuges comparten los bienes que se acumulen desde la celebración del matrimonio, con la excepción de las posesiones privativas, esto es, las que cada uno tenga antes del matrimonio y las que herede ya casado.
Trámites caros
Pilar se separó de su ex marido tras 25 años de matrimonio. «Yo estaba pensando en cómo celebrar las bodas de plata. Él, en cómo dejarme», suspira. La separación se produjo de mutuo acuerdo y con el mismo abogado, por lo que no hubo juicio. A priori, esta es la situación económicamente más beneficiosa para las partes. Y, con todo, la disolución le costó 650.000 pesetas en el año 1998. Por ello, critica que en ocasiones los letrados abusan de las familias en esta situación. «El abogado es necesario para hacer el convenio regulador y la separación de bienes, y conocen todo lo que tienes».
Dos años después él pidió el divorcio. Entonces, corregir dos detalles del convenio regulador le supuso unas 150.000 pesetas a su ex marido y 100.000 pesetas a Pilar. Ahora, su ex pareja le paga a ella una pensión compensatoria y unas 50.000 pesetas por cada hijo. Uno de ellos, con 30 años, todavía la recibe.
Este último dato lleva a otro de los aspectos clave a tener en cuenta ante una ruptura matrimonial -y en el que no entra la nueva ley- como es el mantenimiento de los hijos. El Código Civil dice que se debe hacer hasta la mayoría de edad, aunque la jurisprudencia ha establecido que existe obligación de mantenerlos hasta que sean económicamente independientes. Y esta situación se alarga cada vez más.
El caso de Luis es más común de lo que parece. Se separó hace 15 años, y su hijo tiene ahora 29. «Vive con su novia en un piso de mi propiedad y le paso cada mes una pensión alimenticia. Alega que tiene una asignatura pendiente de la carrera de Derecho y la jueza dice que hasta que no apruebe no puede considerarse emancipado. Eso sí, en la última revisión el tribunal le pidió que se aplicara para terminar sus estudios», comenta con ironía.
Fuentes jurídicas consultadas advierten además de la importancia de vigilar la redacción de los convenios reguladores en cuanto a las pensiones compensatorias para la parte que resulta desfavorecida. Si no se fija bien el plazo, que no suele superar los cinco años -siempre en función de los recursos familiares- y sólo se indica la cantidad anual, se entiende que es de por vida. Y es muy difícil cambiarlo con posterioridad.
Cada familia es un mundo, y pueden darse tantos casos como parejas se someten a este proceso. Francisco se separó hace seis años y medio. Fue de mutuo acuerdo. «Repartimos todo a partes iguales». En total, el proceso le costó 150.000 pesetas. Ahora quiere el divorcio. Hasta el momento su ex mujer obtiene cada mes el 40% de su sueldo, y asegura que le da también voluntariamente la mitad de las pagas extra porque, a su juicio, no tendría obligación. Sin embargo, cuando le planteó la ruptura definitiva, le exigió subir la pensión al 50%.
Asegura que no se puede permitir perder ese dinero, por lo que ahí quedó la cosa. Por ello, exige que el divorcio se pueda conceder automáticamente a las personas en su situación, y se lamenta de que la nueva norma no resuelva este asunto. «En todo este tiempo siempre he cumplido y no ha habido ningún problema. Y mis ingresos son los mismos. No se por qué no me pueden dar el divorcio sin más».
Separación de bienes
Los juristas consideran que la fórmula ideal para que la disolución no suponga una sangría económica es la separación de bienes, donde cada uno mantiene la propiedad y la libre disposición de aquello que tenía de soltero y de lo que adquiere de casado. Si la pareja compra algo conjuntamente, le corresponderá a cada miembro lo que haya aportado. Y los cónyuges podrán vender su parte sin necesidad de contar con el otro.
Coinciden en que esta fórmula tiene beneficios, pues ahorra problemas entre la pareja para adjudicarse una y otra propiedad. No obstante, la existencia de hijos complica la situación también en este caso. El domicilio, aunque sea sólo de uno de ellos, se adjudica siempre a éstos, y por extensión a la mujer, porque habitualmente se queda con la guarda y custodia.
La sociedad de gananciales puede variarse en cualquier momento mediante unas capitulaciones matrimoniales. Ante notario, las partes liquidan todos los bienes en común y a partir de ese momento pertenecen exclusivamente a uno y a otro. Si sólo se cambian los términos económicos que rigen el matrimonio el coste es bajo (entre 30 y 60 euros), aunque si se reparten los bienes gananciales entre los cónyuges el gasto estará en función de la cuantía de las propiedades.
AHORRAR COSTES
Los siguientes consejos ayudan a abaratar el proceso de separación o divorcio. Acuerdo: Lo más sensato a efectos económicos es que las partes pacten de común acuerdo los términos de la separación. Es la norma de oro en estos procesos. Tan sólo cabe comparar las cifras en uno y otro caso: cuando el divorcio es por mutuo acuerdo el coste puede oscilar entre los 1.000 y los 1.500 euros.
Pero si se llega a lo contencioso, el rango se sitúa entre los 1.500 y los 2.000 euros.
Abogado: Se recomienda que los dos trabajen con el mismo. Se puede negociar una minuta para ambos y además, en ocasiones el letrado de una de las partes pone más trabas que el propio cónyuge.
F Mediación familiar: Es una buena fórmula para conciliar la discusión entre las partes y que el proceso sea menos traumático. El mediador trata de negociar el consenso antes de recurrir a la vía judicial, con un ahorro de dinero y de tiempo. Para esta mediación se puede acudir a psicólogos, abogados o notarios.
Asociaciones de separados: Estos colectivos suelen disponer de servicios de asesoramiento, abogados e intermediación con tarifas especiales, lo cuál reduce considerablemente el desembolso necesario. Además, es posible encontrar el apoyo y la experiencia de otras personas que han pasado por lo mismo con antelación.

MÁS INFORMACIÓN
I Asociación de Separados y Divorciados Canaletas.
Calle Zegrí, 2, primera planta (junto a la calle Alcazabilla). 952 21 14 76.
www.iespana.es/CANALETAS-MALAGA/