BITACORA DE ABIPASE

Luis se divorció hace un par de años. Antes de separarse, este administrativo bilbaíno vivía en un piso de 80 metros cuadrados con su mujer y su hija. Pero la convivencia fue «empeorando» y decidieron poner fin a diez años de matrimonio. «Fue el principio del fin», resume. Pasó de vivir «como cualquier familia normal de clase media» a la «ruina». De ver a su niña «todos los días» a compartir con ella «tres tardes a la semana» y un «fin de semana alterno». De un piso en un barrio de la capital vizcaína a «una habitación alquilada a más de treinta kilómetros de Bilbao». «De pagar una hipoteca de 600 euros» a seguir pagando «la misma hipoteca, más la renta y los gastos de manutención de la pequeña», con el mismo sueldo de 1.200 euros que tenía antes de divorciarse. «Lo único que quiero es una casa decente donde poder estar con mi hija, pero mis ingresos ya no me dan para más», lamenta.

La de Luis es la historia de «cientos», «miles» de separados y separadas del País Vasco. Personas que llevaban una vida normal y que a los 40 años se ven obligados a «regresar a casa de sus padres», «vivir en cámpings» o «refugiarse en albergues municipales» porque no pueden afrontar los gastos de una separación. La vivienda ha disparado el número de separaciones conflictivas en Euskadi, especialmente en el caso del territorio vizcaíno, donde los divorcios por la vía del contencioso se han incrementado en un 30% en el último año. «El que pierde la casa, queda en la ruina», se puede leer en una de las miles de páginas que circulan en Internet sobre el tema.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres Separados del País Vasco ha decidido dar un paso al frente «para tratar de atajar una realidad cada vez más frecuente en Euskadi». A través de una extensa carta dirigida al viceconsejero de Vivienda, responsables de Kidetza han reclamado al Gobierno vasco la creación «urgente» de un «cupo específico de pisos de protección oficial en régimen de alquiler o propiedad destinados al colectivo de personas divorciadas con hijos», además de habilitar «viviendas protegidas de carácter transitorio para el sector de separados que se encuentren en situación de necesidad, dando preferencia a los que tengan hijos». De momento, el único compromiso que la asociación ha logrado arrancar al departamento dirigido por Javier Madrazo es una reunión el próximo mes de mayo y la promesa de «estudiar» y «analizar» sus propuestas de cara a la elaboración del próximo plan director de vivienda.

150 días al año

Los datos son reveladores. Un informe realizado el año pasado por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Separados asegura que «la mayor parte de los padres que disfrutan de la custodia de los niños estarían dispuestos a vender el hogar conyugal tras separarse si tuviesen garantías de poder adquirir un piso a precios módicos en un tiempo breve o con seguridad». La vivienda es uno de los «principales focos de conflicto» en los procesos de separación, según reconocen nueve de cada diez personas atendidas por los técnicos de Kidetza, mientras que el 80% precisa que no tuvo un lugar donde alojarse tras el divorcio.

La solución al problema de la vivienda es «compleja, pero no imposible». Para el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Separados del País Vasco, Justo Sáenz, es fundamental que la nueva legislación del divorcio vaya acompañada con unas medidas sociales que favorezcan la guardia y custodia compartida y el bienestar del menor. «En la situación actual en la que el régimen de comunicación es cada vez más flexible y los hijos llegan a pasar una media de 150 días al año con el padre no progenitor, no se puede permitir que los niños pasen ese tiempo en una habitación compartida o un cámping. Hay que garantizar el derecho de los menores a una vivienda digna», precisa el presidente de la asociación vizcaína de madres y padres separados, Pedro Diez.

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