BITACORA DE ABIPASE
Alerta de que la Ley de Violencia Doméstica implica arrestos al
varón «simplemente por el hecho de ser varón» y sin que se lleve a
cabo una investigación previa
María Sanahuja en su despacho junto a los juzgados de Barcelona, esta
semana
Barcelona-Cuando María Sanahuja habla sobre malos tratos es imposible
que no surjan reacciones críticas desde varios sectores,
especialmente desde los más feministas. Ella se defiende diciendo que
lo hace para explicar los problemas que tienen los jueces a los que
representa a la hora de deliberar sobre estos asuntos. Es tajante y
se mantiene en que la Ley de Violencia sobre la Mujer es un fracaso.
Hace dos semanas participó en la presentación de un libro -«El varón
castrado», de José Díaz Herrera (Planeta)-, volvió a plantear sus
tesis, y ha vuelto a ser criticada.
- ¿Por qué cree que sus palabras han vuelto a sentar mal?
- Una vez más, yo no podía imaginar la trascendencia de mis
palabras durante la presentación de un libro a la que asistieron unas
diez personas. En este libro se ejemplifican con un montón de
supuestos concretos lo que está sucediendo con la aplicación de la
Ley de Violencia sobre la Mujer, con casos de compañeros de la talla
del titular del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid, Ramón Sáez,
o de la compañera del juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, María
Poza Cisneros, que son dos de los compañeros que han interpuesto
varias de las cuestiones de inconstitucionalidad que están pendientes
contra esta ley.
- ¿Cuántos recursos se han presentado?
- Creo que ya son más de cien. La verdad es que son muchísimos, y
espero que el Tribunal Constitucional responda. El libro recoge miles
de casos, y ya no tengo ninguna duda no sólo de lo que transmiten los
compañeros del día a día, sino de lo que se deriva de la falta de
información que da el Observatorio de Violencia del Consejo General
del Poder Judicial.
- ¿En qué sentido?
- Si cada año se interponen más de 140.000 denuncias por malos
tratos, y nos dan datos de lo que ha ocurrido finalmente con 8.000 o
10.000 casos, ¿qué ocurre con el resto de miles? No nos dicen qué
pasa con el resto. La presidenta del Observatorio dijo, al cumplirse
un año del funcionamiento de los Juzgados de Violencia Doméstica, que
el 59 por ciento de los casos son archivados o sobreseídos.
- ¿Y qué sucede entonces?
- Como cada vez que se produce la denuncia se da la detención
inmediata del individuo, supone que son miles de individuos detenidos
al año en este país por supuestos malos tratos a sus parejas, en
casos que luego acaban en nada. No creo que proceder a la detención
inmediata sea razonable sin realizar investigaciones mínimas, porque
supone pasar dos noches en el calabozo, y eso causa traumas.
- ¿Y cómo afecta esto a los jueces?
- Actuando de esta manera indiscriminada, sin una investigación -
que es el factor clave-, los jueces no somos capaces de detectar los
casos graves de violencia, y se nos siguen muriendo el mismo número
de mujeres o más, que supone el despliegue de una gran cantidad
ingente de medios que no llegan para ofertar ayuda a los casos más
necesarios. El autor del libro también achaca todos los problemas de
esta ley al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
cuando la Ley de Violencia sólo acentúa una línea iniciada y ya
perversa por sobre todo el último gobierno del Partido Popular, que
modificó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2003,
que fue el que inició toda esta dinámica. Mi primera rueda de prensa
sobre este tema fue en 2004, y la ley de violencia ni siquiera estaba
en el Parlamento. Y ya se vio que no se estaba yendo por el buen
camino.
-¿Cuál es su queja?
- No se puede actuar impunemente contra el hombre por el simple
hecho de ser hombre, por lo que se debe denunciar la vulneración de
los derechos fundamentales que se está realizando en nuestro país.
Sobre todo porque no se está consiguiendo el fin de la ley, ya que no
se está ayudando a las mujeres que sufren los casos graves de
maltrato. A mí me emociona cuando voy al colegio a buscar a mis hijas
y muchas abuelas me dicen que no ven a sus nietos porque con la
aplicación de un derecho de un modo abusivo se les está negando no a
muchos padres, sino también a muchos abuelos, el volver a ver a sus
nietos.
- Hablemos de cifras.
- Si el Observatorio dice que en un año hay 8.495 sentencias
dictadas por los Juzgados de lo Penal, de las que un 39 por ciento
fueron absolutorias, que son 3.273, significa que hubo unas 5.200
condenas. Alguna más habrá en conformidades en los Juzgados de
Violencia, pero quiere decir que de las 140.000 denuncias que hay al
año, el porcentaje de condenas puede ser ¿10.000? ¿O 20.000? ¿Y qué
pasa con las 120.000 restantes, resultantes de todos aquellos a los
que hemos detenido? El autor del libro habla de un compañero, del
Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia, José Luis Ruido de la
Torre, que le dijo que «la Policía actúa con dureza hacia el
maltratador», que «se detiene a los varones de forma masiva» y
que «estamos previniendo», así que está admitiendo que estamos
deteniendo por miles para encontrar a unos pocos maltratadores con
los que no damos nunca.
- El Observatorio del CGPJ dice que sus declaraciones
son «ofensivas».
- Somos pocas las personas que manifestamos públicamente lo que
pensamos. Sí es cierto que mis palabras tienen más repercusión
mediática que lo que dicen mis compañeros en voz baja en los
pasillos. Yo creo que molestan mis palabras porque las personas que
defendieron ardientemente un proyecto de ley y una ley como ésta, y
que comprueban al cabo de un año -ya se ha evidenciado- que no ha
sido un buen camino, todos aquellos que no esperaron a ver qué pasaba
con las reformas legislativas realizadas por el Gobierno del PP para
ver cómo funcionaban, los que nos lanzaron a todos a votar
unánimemente una ley, pues reconocer su fracaso les debe costar
bastante. Pero la realidad es tozuda, los números son tozudos, y creo
que han optado por hacer juegos de cifras en lugar de explicarlas con
claridad.
- ¿Los jueces a los que usted representa la apoyan en su postura?
- Con mis compañeros no he tenido ningún problema, al contrario.
Después de mi primera rueda de prensa recibí aplausos de los
compañeros de la Junta de Instrucción de Barcelona, y lo único que
hice fue decir en voz alta algo que los demás decían en voz baja. Es
cierto que decirlo en voz alta supone recibir un aluvión de críticas,
pero yo creo que ya se ha abierto una pequeña brecha para que muchos
digan lo que está pasando. Yo siempre digo que cualquier persona vaya
a los juzgados de lo Penal, que son públicos, para que se vea lo que
estoy diciendo, qué ocurre cada día y que no me lo estoy inventando,
como que por supuestos muy leves se están pidiendo penas muy altas.
Por un «vete a la mierda» de un marido a su esposa, se están pidiendo
nueve meses de cárcel. Por un «te vas a enterar» durante un proceso
de ruptura, o por un empujoncito que no causa lesión se están
pidiendo también penas altísimas.
- Ahora los médicos han anunciado que incluirán la sospecha de
maltrato en el historial de las pacientes.
- Ellos evidencian por un montón de síntomas situaciones reales de
violencia física y psíquica. Si los médicos decían que les cuesta ver
las situaciones graves, y eso que ven a sus pacientes mes tras mes y
año tras año, los jueces, en unos minutos, no podemos ver la
gravedad. Y luego están las personas que están en una situación más
débil, las que realmente necesitan un colchón psicológico y, en
algunos casos, económico. Se tiene que replantear qué es maltrato en
el Código Penal. Maltrato es cuando yo insulto, cuando pego a
alguien, o cuando empujo a alguien y, si no quiero tolerarlo, el
Código Penal debe reaccionar con una pena proporcional a la gravedad
del hecho: si el hecho es leve, tiene que ser leve. Y ahora llega un
momento en que el Código Penal sanciona la mala educación con penas
muy graves. Y esto es inaceptable. Ahora bien, evidentemente, los
hechos graves deben castigarse con penas graves, por supuesto. Pero
no puede ser que al maltratador lo encerremos para siempre, y menos
aún por un hecho leve.
- ¿Qué necesitan los jueces?
- Se está empleando una cantidad ingente de dinero pero de una
manera desorganizada. Pedimos que alguien se encargue. En la ley
debería haberse fijado una figura para organizar los distintos
departamentos de la Administración -con Sanidad, Educación, Justicia,
Interior y con Bienestar Social- para que no se repitan Oficinas de
Atención a la Víctima que están informando de una manera
desorganizada y distinta unas de otras. Se están repitiendo unas
ayudas y no se están garantizando otras. Hay que ordenar esta
situación. El resultado es que tenemos a varias administraciones
haciendo lo mismo, pero como no se coordinan y como no se han fijado
los criterios de actuación, se ayuda mal a las víctimas. Y además se
deben ofertar los servicios que hacen falta. Por ejemplo, se han
puesto casas de acogida donde no hay nadie, y luego faltan plazas en
los lugares donde se necesitan. Y son una buena idea, a la espera de
que se haga una investigación inicial.
- Entonces, sugiere usted que debido a la presión mediática sobre
este asunto se están realizando detenciones sin pruebas.
- Sí, porque la Policía tiene pánico a que una mujer presente una
denuncia, que no se proceda a la detención inmediata y luego pase
algo, porque entonces van a hacer a la Policía responsable de esta
situación. Por eso lo que hace es, por prevención, detener a casi
todo el mundo, a menos que vean una situación realmente escandalosa
en la que no sea necesario, pero esos son pocos casos.
- Y entonces empieza el colapso judicial.
-Así es, ya que luego nos los traen a los juzgados de guardia o de
violencia doméstica. Y el juez, que tiene en una mañana infinidad de
casos -e invito a cualquier persona a que lo vea- tiene que ver en
minutos, y con las simples declaraciones de uno y otro, qué resuelve.
Lo más sencillo, en prevención, es dictar una orden de alejamiento,
es decir, expulsar a uno de los cónyuges de la casa, que siempre es
el señor, claro. Normalmente, en los juzgados tampoco se realiza una
gran tarea de investigación, porque principalmente ésta es una labor
de la Policía. ¿Y qué hacemos? Si devolvemos a la Policía tal
cantidad de órdenes, son incapaces de proteger a nadie. Por eso
necesitamos datos suficientes para saber qué casos son los realmente
graves. Y la saturación es importante. De cuatro asuntos civiles se
resolvió sólo uno. Son unos juzgados con una congestión mayor que la
sala primera del Tribunal Supremo.
- ¿Qué pide usted para solucionar estos problemas?
- Es imprescindible la modificación inmediata del Código Penal
para tipificar hechos graves con penas graves, definir qué es
maltrato. Eso es un clamor. Se ha hecho un Derecho Penal de autor, en
el que se castiga a un hombre por el simple hecho de ser hombre, y
esta fórmula ya ha sido desterrado de todos los países del mundo. Y
es que una denuncia sin protección aumenta el peligro para la
víctima, porque la devolvemos a su casa con un papelito. Y los
policías se quejan porque tienen hasta cuatro órdenes de protección.
La mujer va a un juzgado, ve que no se resuelve su problema; se va a
su pueblo, y vuelve a hacer lo mismo, lo que evidencia una verdadera
ineficacia porque las personas no se sienten protegidas.
- Resulta paradójico que las feministas la critiquen.
- El Código Penal de 2003 resultó absolutamente ofensivo para la
mujer. Imagine que una pareja va por la calle, discute y se empujan.
No denuncian, pero hay un tercero, ya sea un ciudadano o un policía
local, que va y denuncia. Se produce la detención, puede haber
condena con el testimonio de esa persona que ha presenciado esa
situación de maltrato leve, y se obliga a la pareja a estar alejada.
En algún caso incluso se les prohíbe que se casen, porque como existe
una orden de alejamiento, el empleado del Registro Civil no puede
autorizarlo.
Una feminista que persigue la igualdad
Aunque muchas mujeres no lo crean, porque ha sido acusada de
defender a los maltratadores, María Sanahuja, miembro de Jueces para
la Democracia, es una feminista de los pies a la cabeza que busca la
auténtica igualdad de género. Hace declaraciones lapidarias: «Las
mujeres primero hemos dependido del padre, luego del marido, y ahora
el Estado es quien elige quién debe ser nuestro novio». Sostiene,
continuando esta misma argumentación, que «si creen que las mujeres
somos tan minusválidas mentales, pues entonces también lo seremos
para elegir al presidente del Gobierno». Su despacho, en una quinta
planta junto a los juzgados de Barcelona, cumple la paradoja de ser
un lugar aparentemente caótico pero en un segundo vistazo,
perfectamente ordenado, con montones de pilas de papeles esparcidos
sobre las mesas de trabajo y de reunión. Esta entrevista, que duró
apenas media hora, fue interrumpida en seis ocasiones por llamadas
telefónicas. Algunas eran de apoyo. Otras, peticiones de entrevistas
y de artículos de opinión. Insiste en que sólo dice lo que los jueces
le cuentan. La única diferencia es que ella, porque es también su
obligación, lo dice en voz alta.
http://www.larazon.es/noticias/noti_nac1452.htm
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