La regulación de los servicios de pacificación familiar ya ha iniciado su cuenta atrás. El Ejecutivo autonómico presentará al Parlamento Vasco, para su debate y aprobación, la Ley de Mediación Familiar que contempla, entre otros aspectos, un plazo máximo de cuatro meses de asistencia gratuita para los usuarios que requieran la intervención de un agente neutral con el propósito de resolver sus conflictos. En ese tiempo, prorrogable a dos meses más en algunas situaciones, el procedimiento de mediación familiar buscará las vías para alcanzar un acuerdo consensuado por ambas partes en situación de conflicto, tal y como reconoció ayer el responsable del área de Asuntos Sociales en el Gobierno Vasco, Javier Madrazo.
Pero, además, la futura ley se encarga de crear la obligatoriedad de una formación específica para esos mediadores, así como estipula creación de un registro de este colectivo. Asimismo, se pretende que esos mediadores estén en formación continua para dar una respuesta todavía más eficaz.
El servicio de mediación, de este modo, tendrá un carácter gratuito en la CAPV y estará presente en todas las capitales de los territorios. Además, los supuestos en los que se basa la ley para ofrecer este servicio de mediación familiar es amplio. Así, se contempla que la aplicación del servicio tendrá lugar en cualquier conflicto que pudiera surgir en el ámbito familiar; es decir, también afectaría a parejas de hecho y otras unidades convivenciales.
Los principios en los que se basa esa mediación familiar para que sea más eficaz se centran, según reconoció ayer Carmen Vicioso, directora de Bienestar Social, en la voluntariedad (de ambas partes a acudir al servicio para resolver sus problemas), la confidencialidad, la neutralidad, la imparcialidad y el respeto al derecho y a la flexibilidad a la hora de tomar decisiones.
NOTICIAS DE ALAVA
14.03.07
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