Alrededor del 40% de las sentencias que regulan el régimen de visitas y el pago de pensiones alimenticias por parte de padres separados o divorciados a sus hijos se incumplen. Éste es uno de los principales motivos que ha llevado a la Asociación de Madres y Padres separados de Álava (Amapase) y a sus compañeros de la federación vasca a pedir al Gobierno vasco que habilite «ya» el fondo de garantía social para prevenir el impago de pensiones por parte del progenitor no custodio, por lo general, el padre.
«Es algo por lo que llevamos peleando desde 2002 y, aunque se han alcanzado dos acuerdos unánimes en el Parlamento vasco, el fondo se tendría que haber puesto en marcha en diciembre. No ha sido así y el menor continúa en una situación total de indefensión», denunció ayer en Vitoria el presidente de la Federación Vasca de Padres Separados (Kidetza), Justo Sáenz.
Sáenz recordó que el Gobierno central «ya ha regulado» este fondo social de garantía -al que, según él, ha destinado «diez millones de euros»- y «nosotros estamos todavía a verlas venir. Es muy fuerte».
Esta reivindicación forma parte de la amplia batería de propuestas que, a un mes vista de las elecciones municipales y forales, Kidetza ha trasladado a todos los grupos políticos a fin de que las estudien y las tengan en cuenta a la hora de elaborar sus programas electorales. «Nuestro principal objetivo es conseguir que los intereses de las personas separadas y de sus hijos queden cubiertos y reducir, sobre todo, la conflictividad familiar», expuso Justo Sáenz.
La clave, la prevención
En este sentido, Kidetza considera que prevenir es la clave para reducir el conflicto, «de ahí que la prevención sea el eje central de todas nuestras actuaciones». La federación vasca de padres separados pide a los partidos políticos que «se acerquen a la realidad de los problemas y consensúen medidas que puedan ayudar a reducir la conflictividad en el ámbito familiar».
Entre ellas, Kidetza reclama que se pongan en marcha medidas fiscales y económicas, así como de reinserción en el mercado laboral, que se promueva la guarda y custodia compartida como un derecho del menor y un deber de los padres, que se proteja al menor de situaciones de maltrato físico o psicológico y que todas las víctimas de la violencia familiar tengan la misma consideración.
EL CORREO DIGITAL - Alava
22.04.07
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